El juicio a los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2, enmarcado en la megacausa ESMA es uno de los más relevantes por violaciones de los derechos humanos en la última dictadura.
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El comienzo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que estaba previsto para este jueves, fue suspendido al producirse un cambio en la composición del Tribunal Oral Federal 5, que atiende este caso. La modificación debe ser notificada a las partes antes de iniciarse el proceso.
El sábado pasado, la Presidenta firmó el decreto que llevó al juez Guillermo Gordo al TOF-3 y lo reemplazó por el magistrado de ese tribunal, Oscar Hergott, en una suerte de enroque. De esta manera, la nueva fecha de inicio en el proceso se dará a conocer apenas concluyan los trámites correspondientes. Según aseguraron fuentes judiciales, ya habría ingresado en el tribunal un pedido de recusación contra Hergott, que podría dilatar aún más la espera.
Aunque ninguno de los dos magistrados hizo públicos los motivos por los que solicitaron el cambio, aprobado por el Consejo de la Magistratura el jueves pasado, el decreto que firmó la presidenta Cristina Fernández apunta a “lograr una más eficaz prestación del servicio de justicia”. Lo cierto es que ni Gordo ni Hergott tenían una buena relación con sus compañeros de juzgado. En particular, Gordo siempre se opuso a la publicidad de los juicios, por lo que en varias ocasiones prohibió el ingreso de reporteros gráficos, algo que le valió no sólo reclamos de fiscales y organismos de derechos humanos, sino también una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En los 16 años durante los que formó parte del TOF-5, Gordo condenó a dos parejas de expropiadores, al policía Julio Simón (“el Turco Julián”) y a los ex jefes del centro de detención clandestino Mansión Seré, entre otros casos. También absolvió a Miguel Angel Timarchi por la Masacre de Fátima, y juzgó al prefecto Héctor Febres, que fue envenenado antes de que se conociera el fallo. Su nuevo destino no tiene causas vinculadas con el accionar de la represión estatal durante la última dictadura militar, por lo que podrá alejarse de un tema que sobrevoló toda su carrera.
Por su parte, Hergott participó en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Policlínico Posadas, pero el ex dictador Reynaldo Bignone lo recusó antes de que comenzara el juicio, como una estrategia para dilatar el proceso. Algo similar a lo que ocurre ahora: antes de que su designación en el TOF-5 sea oficial, ya habría recibido una impugnación.
El juicio a los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2, enmarcado en la megacausa ESMA que instruye el juez Sergio Torres, es uno de los más relevantes por violaciones de los derechos humanos en la última dictadura, tanto por su magnitud (se espera que dure unos seis meses y que desfilen por el tribunal casi 300 testigos) como por la notoriedad de los crímenes que serán juzgados. Entre esos delitos se encuentran el asesinato de Rodolfo Walsh, el secuestro y desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y el de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Entre los 19 ex marinos acusados están Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Jorge Radice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda Tiguel.
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