LA PROCURACION GENERAL PIDIO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS DE MENEM
Un dictamen contra los indultos
Los responsables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura no pueden ser indultados, consideró la Procuración. Además, dictaminó que el ex almirante Emilio Massera “no está en su sano juicio” y no puede afrontar a la Justicia.
Por pedido de la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación recomendó que se dicte la inconstitucionalidad de los decretos que indultaron a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Además, dictaminó que el ex almirante Emilio Eduardo Massera “no está en su sano juicio” y no puede afrontar los juicios que tiene pendientes, por lo que el procurador adjunto, Luis González Warcalde, aconsejó suspender todos los juicios en los que el Almirante Cero, tal como se hacía llamar, está imputado.
Massera ya había sido declarado inhábil para afrontar un juicio hace algunos años, no obstante lo cual fue enjuiciado por la Justicia italiana, que consideró que el ex marino podía estar simulando su condición. Ahora, González Warcalde sostiene que su estado de salud “le impide ejercer su derecho de defensa” porque “no se encuentra en condiciones de afrontar un proceso”. El procurador argumentó que “si es absurdo pensar en que se pueda enjuiciar al loco, no lo es menos que se lo pueda penar, pues la resocialización es uno de los fines de la pena, quizás el esencial, y mal se puede habilitar en una parte –su conducta social– a quien es inhábil en el todo, su voluntad plena”.
La decisión está basada en pericias médicas que determinaron que las facultades mentales de Massera “no encuadran dentro de la normalidad psicojurídica” por presentar “un trastorno psicoorgánico que trae aparejado un deterioro cognitivo global, crónico, irreversible y potencialmente evolutivo”. González Warcalde también señaló que “no se han podido constatar elementos semiológicos que permitan considerar un estado de simulación”.
En cuanto a los indultos, el consejo del procurador llegó en respuesta a un recurso del ex dictador Jorge Rafael Videla, que planteó ante la Corte Suprema que los indultos dictados en 1990 por Carlos Menem lo ponían a salvo de cualquier proceso penal. Al respecto, González Warcalde avaló la inconstitucionalidad de esos decretos, que ya había sido dictada por la Cámara Nacional de Casación Penal en junio de este año, que sostuvo que “surge clara la imposibilidad de dictar indultos sobre hechos calificados como delitos de lesa humanidad”, y apelada por las defensas. Además, rechazó el planteo de Videla para salir en libertad debido al tiempo que lleva detenido.
“El indulto es un perdón de la pena y no de la condena. Por lo tanto, al conservar su vigencia la condena, declarativa de los hechos delictivos que la motivaron, subsiste la declaración de culpabilidad y permanece destruida toda presunción de inocencia”, argumenta el dictamen, que también explica que “tampoco debería prosperar el supuesto agravio relativo a la imposibilidad de proseguir con la ejecución de la pena que se le impuso en esta causa, al tener en cuenta el tiempo que llevaría privado de su libertad con motivo de todos los procesos en los que resulta o resultó imputado”.
El procurador también ratificó la competencia de la Cámara Federal, la primera instancia en que se falló en contra de los indultos, que había sido objetada por el ex dictador. González Warcalde consideró que tal competencia evitó “la impunidad de condenados por crímenes de lesa humanidad, en salvaguardia, entre otras bondades, de la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
“A la víctima de delitos de lesa humanidad le asiste el derecho a peticionar ante los jueces competentes, con el objetivo de perseguir el castigo de los culpables, y que la negación a darle respuesta por no considerarla parte del proceso o portadora de un interés legítimo constituye afectación al derecho a la jurisdicción”, argumenta el dictamen.
Jorge Rafael Videla se encuentra preso en la cárcel federal de Campo de Mayo, mientras que, debido a su estado de salud, Emilio Eduardo Massera cumple arresto domiciliario en su departamento.
La decisión está basada en pericias médicas que determinaron que las facultades mentales de Massera “no encuadran dentro de la normalidad psicojurídica” por presentar “un trastorno psicoorgánico que trae aparejado un deterioro cognitivo global, crónico, irreversible y potencialmente evolutivo”. González Warcalde también señaló que “no se han podido constatar elementos semiológicos que permitan considerar un estado de simulación”.
En cuanto a los indultos, el consejo del procurador llegó en respuesta a un recurso del ex dictador Jorge Rafael Videla, que planteó ante la Corte Suprema que los indultos dictados en 1990 por Carlos Menem lo ponían a salvo de cualquier proceso penal. Al respecto, González Warcalde avaló la inconstitucionalidad de esos decretos, que ya había sido dictada por la Cámara Nacional de Casación Penal en junio de este año, que sostuvo que “surge clara la imposibilidad de dictar indultos sobre hechos calificados como delitos de lesa humanidad”, y apelada por las defensas. Además, rechazó el planteo de Videla para salir en libertad debido al tiempo que lleva detenido.
“El indulto es un perdón de la pena y no de la condena. Por lo tanto, al conservar su vigencia la condena, declarativa de los hechos delictivos que la motivaron, subsiste la declaración de culpabilidad y permanece destruida toda presunción de inocencia”, argumenta el dictamen, que también explica que “tampoco debería prosperar el supuesto agravio relativo a la imposibilidad de proseguir con la ejecución de la pena que se le impuso en esta causa, al tener en cuenta el tiempo que llevaría privado de su libertad con motivo de todos los procesos en los que resulta o resultó imputado”.
El procurador también ratificó la competencia de la Cámara Federal, la primera instancia en que se falló en contra de los indultos, que había sido objetada por el ex dictador. González Warcalde consideró que tal competencia evitó “la impunidad de condenados por crímenes de lesa humanidad, en salvaguardia, entre otras bondades, de la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
“A la víctima de delitos de lesa humanidad le asiste el derecho a peticionar ante los jueces competentes, con el objetivo de perseguir el castigo de los culpables, y que la negación a darle respuesta por no considerarla parte del proceso o portadora de un interés legítimo constituye afectación al derecho a la jurisdicción”, argumenta el dictamen.
Jorge Rafael Videla se encuentra preso en la cárcel federal de Campo de Mayo, mientras que, debido a su estado de salud, Emilio Eduardo Massera cumple arresto domiciliario en su departamento.
Según estas pericias, el estado de salud de Massera “le impide ejercer su derecho de defensa”.
Imagen: Bernardino Avila
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