En Rosario también se hizo justicia

CINCO REPRESORES FUERON CONDENADOS A PRISION PERPETUA A CUMPLIR EN CARCELES COMUNES

Los acusados fueron integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario.

Imagen: Alberto Carlos Gentilcore

 

El ex teniente Oscar Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Daniel Amelong, el ex agente de inteligencia del Ejército Walter Pagano y Eduardo “Tucu” Costanzo recibieron perpetua.

Por José Maggi

Desde Rosario

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó ayer a prisión perpetua a los cinco imputados en la primera causa por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en esta ciudad. El ex teniente Oscar Pascual Guerrieri fue hallado culpable de 24 secuestros seguidos de torturas y 16 homicidios, el ex mayor Jorge Fariña como autor de 26 casos de secuestros seguidos de tormentos y 16 asesinatos, mientras el ex teniente Juan Daniel Amelong deberá purgar su condena por 29 privaciones ilegales de la libertad seguidas de torturas y 16 homicidios. El ex agente de inteligencia civil del Ejército, Walter Pagano, y Eduardo “Tucu” Costanzo deberán responder por 24 secuestros y 16 homicidios. Además, el tribunal dispuso que los condenados cumplan la pena privativa de la libertad en cárceles comunes, pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal. Con relación a Guerrieri y Costanzo, los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe dijeron que, atento la prisión domiciliaria de que gozan, lo dispuesto se hará efectivo una vez que se declare firme la sentencia y previo análisis de sus respectivos estados de salud. Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 14 de junio.

La sentencia comenzó a ser leída por Paulucci, presidente del tribunal, a las 12.12 y culminó a las 12.38. Cuando leyeron su condena, Juan Daniel Amelong se colocó una vincha en su cabeza con la inscripción “preso político” y se negó a sacársela ante la orden del presidente del TOF 1, quien de inmediato le ordenó a la Gendarmería que lo retirara de la sala. La medida se concretó ante los gritos de varios presentes, familiares de víctimas de esta causa.

Otro momento de tensión se vivió minutos antes del inicio de la lectura de la sentencia, cuando la militante contra los juicios contra los represores Cecilia Pando llegó hasta las puertas de la sala de audiencias del primer piso del edificio de Oroño 940. Como no estaba acreditada, uno de los gendarmes le negó el ingreso ante la mirada de varios militantes que presenciaron la escena. Pando fue finalmente trasladada en una camioneta Ford Ranger color gris doble cabina, patente HHV 976, conducida por efectivos policiales.

Las cuatro querellas que participaron del proceso y el Ministerio Público Fiscal habían pedido la pena de prisión perpetua. La fiscal federal Mabel Colalongo dijo que se trataba de “un fallo ejemplar incluso para el resto del país. También es valorable que la condena deba ser cumplida en cárceles comunes, incluso los que tenían prisión domiciliaria”. Respecto de Guerrieri y Costanzo, explicó que “hasta que la sentencia quede firme seguirán gozando de la prisión domiciliaria y esto podría llevar un par de meses”. Advirtió que ambos deberán ser revisados por un médico, que determinará si su estado de salud admite el encierro.

Uno de los primeros en dejar la sala de audiencias fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. “Se ha hecho justicia, el fallo es de total coherencia”, opinó. Duhalde destacó el “esforzado papel” de las querellas y aseguró que “el resultado de las condenas a prisión perpetua para los cinco imputados se ajusta a la ferocidad con que actuaron en la comisión de los homicidios agravados por alevosía, frente a prisioneros indefensos por parte de aquellos que constituían la jefatura del aparato de inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército”.

Detrás del funcionario nacional dejaron la sala Fernando Dussex, hijo de Cecilia Nazábal, fallecida en los siete meses en que duró este juicio; Chocha Toniolli, madre de uno los desaparecidos de Quinta de Funes, junto a su nieto Eduardo, y Alicia Gutiérrez. La abogada querellante de H.I.J.O.S., Ana Oberlin, apuntó que “el fallo salió tal como nosotros lo pedimos y nos llena de emoción haber logrado esta sentencia”.

El intendente Miguel Lifschitz reconoció que “vivimos la lectura de este fallo con mucha emoción, rodeados de Madres, de familiares, de querellantes, de aquellos que fueron víctimas”.

Para la abogada Gabriela Durruty, patrocinante de Juan Rivero y Ramón Verón, victimas de Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, “la sentencia dictada fue ejemplar. Cinco perpetuas en cárceles comunes por los delitos de lesa humanidad juzgados, privación de la libertad agravada por perpetrarse mediando violencia y amenazas, aplicación de tormentos agravados por ser cometidos contra perseguidos políticos y homicidio triplemente calificado, por alevosía, por ser cometido para perseguir la impunidad de otros delitos y por el concurso preordenado de dos o más personas”. “Rosario se eleva a la jerarquía de ciudad donde se respeta el standard mínimo en materia de derechos humanos, acorde con la legislación internacional.”

Daniela Asinari, con quien Durruty compartió el patrocinio, destacó que “se condenó a 5 integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. La inteligencia, al decir de la Causa 13 (Juicio a las Juntas), constituía el sistema nervioso del plan sistemático de represión ilegal mediante el cual los genocidas asolaron nuestro país durante la última dictadura militar”. Y remarcó que “la valentía de los testigos lo hizo posible”.

Nadia Schujman, abogada de H.I.J.O.S., confesó que el fallo “es lo que esperábamos, creíamos que no les cabía otra pena que no fuera la prisión perpetua, estamos muy satisfechos con la cárcel efectiva, nosotros pedimos la revocación y el tribunal le hizo lugar. Creemos que es un día histórico como pueblo, porque no hay otro país que haya avanzado tanto como nosotros en juzgar a sus verdugos. Y pensamos que es el comienzo del fin de la impunidad en nuestra ciudad, y no perdemos de vista que tenemos por delante muchos genocidas por juzgar, que esto es recién el comienzo”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-143992-2010-04-16.html

CARTA ABIERTA AL PARLAMENTO DE URUGUAY EXIGIENDO LA ANULACIÓN DE LA LEY 15.848

Un conjunto de vecinas y vecinos que somos parte del larguísimo millón de ciudadanos que ha expresa-do de manera sistemática y creciente, y por diversos medios, el rechazo indeclinable a la Ley 15.848 “de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, nos presentamos ante el cuerpo legislativo nacional para demandar que éste asuma, sin más dilatorias, la responsabilidad funcional que le compete ante el caso extremo de impedimento impuesto al Poder Judicial, desde hace más de 20 años, de actuar ante gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado uruguayo, al amparo de esta “ley” que sabiamente nuestro pueblo ha bautizado como “LEY DE IMPUNIDAD” y que viola los convenios internacionales suscritos por Uruguay sobre el juicio y castigo a estos delitos a escala mundial.

Nos presentamos para exigir del Parlamento, LA ANULACIÓN YA DE LA LEY 15.848, sin posteriores “indultos” ni “excepcionalidades” que supongan eximir a los criminales del juicio y castigo merecidos.

El último pronunciamiento público del 25 de Octubre de 2009 en el sentido de anular la “ley”, deja en evidencia que -más allá de formalidades, procedimientos electorales cuestionables y la falta de difusión pública de fundamentos para la nulidad- en 20 años no han sido depuestos ni el anhelo ni el clamor populares de Verdad y Justicia, ni tampoco el categórico rechazo a que sea el mismo Estado violador de los Derechos Humanos el que pretenda –a través del Poder Ejecutivo- disponer quiénes, cuándo y cómo deben ser juzgados y castigados por la única institución que se supone debe hacer cumplir la premisa de que “todos somos iguales ante la ley”, sin excepciones ni favoritismos.

Un solo hecho habla por sí mismo de cómo debe proceder la Justicia cuando no es sometida a la presión de otros poderes o cuando otros poderes pretenden autoatribuirse las potestades de aquella: el principal responsable político de violar la Constitución de la República en 1973 y co-responsable ideológico de aberrantes crímenes de lesa humanidad, un ex presidente y dictador, ha sido condenado –aunque más no sea tardíamente- por funcionarios del Poder Judicial que no cedieron ni al amedrentamiento ni a la presión de otros funcionarios públicos, partidos políticos o instituciones oficiales.

Juan María Bordaberry, procesado y condenado por golpista y por asesino, es la medida de cúanto se ha impedido en 20 años desconociéndose la independencia y las atribuciones del Poder Judicial, y cuánto nos hubiésemos ahorrado en riesgos de seguridad ciudadana y nuevas amenazas golpistas, de haberse hecho caso al clamor y la voluntad populares de Verdad y Justicia, dejándose actuar debidamente al Poder Judicial dentro de los marcos y las reglas de juego instituídos por el mismo Estado que hoy las des-conoce.

La realidad rompe los ojos y no caben ya las medias tintas:

O el Poder Legislativo, atendiendo a la sensibilidad ciudadana y respetuoso de las normas de justicia de carácter nacional e internacional, ANULA YA MISMO LA LEY DE IMPUNIDAD sin dejarse influir por presiones en busca de “indultos” o “perdón”, o nuestro pueblo no tendrá más remedio que concluir que la salvaguarda de los Derechos Humanos, para defenderse por sí y ante sí, quedaría necesariamente y exclusivamente, bajo su única responsabilidad.

Esta sería la conclusión lógica ante la pasividad del Parlamento y esta misma pasividad evidenciaría la existencia de “pactos” o “conjuras” que pretenden garantizar de por vida salvoconductos de impunidad “selectiva”, tan graves y delicados respecto al pasado, como lo serían también respecto al presente y el futuro.

A diario se revelan crudamente las incontables formas de la impunidad (la de la discriminación y criminalización de la pobreza; la de la omnipotencia y los vejámenes patronales; la de los represores que provocan situaciones trágicas en nombre de “la ley y el orden”; la de agentes que existirían para garantizar la seguridad ciudadana y sin embargo son responsables de horrendos crímenes, robos y secuestros; hasta la impunidad de medidas político-económicas de cuyos perjuicios sociales nadie se hace cargo, siendo un muy buen ejemplo de ello la “deuda externa”), pero no esperamos el “imposible” de que este Parlamento las elimine, sino simplemente que no consagre las formas extremas de la impunidad, consagrando “leyes” que habilitan el terrorismo de Estado y la protección de quienes lo practican.

Lo único que estamos exigiendo –en síntesis-, enérgica y responsablemente, es que se deje actuar libremente al Poder Judicial en cuanto a los cientos y cientos de casos de individuos que siguen siendo un peligro social y cuya situación de amparo y protección, representa de hecho un aliciente para la acción de nuevos y más feroces enemigos del pueblo, con uniforme o sin él, en “democracia” o en “dictadura”. No hacerlo, es declarar irresponsablemente la impunidad como atributo “legal” de los poderosos y privilegiados hasta en las situaciones más aberrantes y anti humanas.

Lo que sencillamente exigimos de senadores y diputados elegidos para “representarnos”, es que no sean cómplices de hecho de la impunidad extrema:

QUE YA MISMO NOS “REPRESENTEN” AL MENOS CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON SU DEBER DE ANULAR YA LA LEY 15.848, PONIENDO FRENO A CUALQUIER MANIOBRA QUE SIGNIFIQUE PERDONAR, INDULTAR O PRIVILEGIAR A LOS ASESINOS DEL PUEBLO, Y QUE PRESERVE A NUESTRO PAÍS DE EVENTUALES SANCIONES DEVENIDAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL URUGUAY.

A la espera de que los legisladores respondan ya mismo con hechos a la presente demanda y manteniéndonos atentos a la conducta parlamentaria sobre el particular,

Firma: Coordinación de Vecinos por la Anulación de la Ley de Impunidad, abril de 2010.

RESISTIR LA IMPUNIDAD BARRIO A BARRIO – DÍA A DÍA

Compañeros: rogamos difusión de la carta que sigue, a presentarse muy pronto, solicitándose que aquellas organizaciones y personas que estén de acuerdo con esta reclamación, nos hagan llegar su apoyo -especificando país de origen, nombre, apellido y de ser posible documento de identidad- a través del e-mail:

coordinaciondevecinos@gmail.com

http://coordinaciondevecinos.blogspot.com/

Muchísimas Gracias

de esquinamontevideo.blogspot.com

LA SALA II DE LA CAMARA DE CASACION PENAL RECHAZO EL RECURSO DE LOS ABOGADOS DEL GRUPO CLARIN Y DIO LA RAZON A ABUELAS

Más cerca del examen de ADN para los Noble Herrera

Los camaristas Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García rechazaron la legitimidad del recurso presentado por los abogados que no hicieron firmar los escritos a Marcela y Felipe Noble Herrera. Queda pendiente una apelación ante la Corte.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó ayer el último recurso dilatorio presentado por los letrados que en teoría representan a Marcela y Felipe Noble Herrera. El motivo quedará en la historia de los papelones del micromundo abogadil: Jorge Anzorreguy, Alejandro Carrió y Roxana Piña apelaron las medidas de prueba que permitirían esclarecer el origen de los jóvenes, pero omitieron hacerles firmar el escrito. Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García también encomendaron al juez Conrado Bergesio que se esmere en esclarecer si Anzorreguy y Horacio Silva representan a las víctimas, rebautizadas tras una adopción irregular o a la imputada Ernestina Herrera viuda de Noble, dueña del grupo Clarín.

Las Abuelas de Plaza de Mayo destacaron en un comunicado que el tribunal “avaló la decisión de comparar las muestras genéticas de Felipe y Marcela Noble Herrera con todas las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos” e informaron que exigieron al juez Jorge Bergesio que “ordene al Banco comenzar las pericias cuanto antes para saber si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos”. Los abogados de Clarín tiene diez días para decidir si paleán ante la Corte Suprema.

Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y de familias querellantes que desde hace treinta años buscan a sus seres queridos celebraron la resolución. “Es un fallo muy importante, un paso decisivo que sólo puede ser revertido por la Corte Suprema de Justicia”, evaluó Alan Iud, de Abuelas. “Por fin logramos después de tantos años que se abra la posibilidad de encontrar verdad y justicia”, afirmó Alcira Ríos. “Es un cachetazo a la impunidad judicial de los abogados de Clarín y tal vez sea el inicio del fin de tanto ocultamiento”, se esperanzó el abogado y periodista Pablo Llonto, autor de una biografía de la imputada.

La cajita feliz

Según el expediente de adopción de Marcela, el 13 de mayo de 1976 la viuda del fundador de Clarín se presentó ante la jueza Ofelia Hejt, de San Isidro, con una beba en sus manos. Dijo que la había encontrado once días antes en una caja abandonada en la puerta de su casa de Lomas de San Isidro y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001, Roberto Antonio García, de 85 años, declaró ante el juez Roberto Marquevich que nunca fue cuidador de esa casa. Su trabajo durante cuarenta años fue como chofer de Roberto Noble y, tras su muerte en 1969, de la viuda. Tampoco la presunta vecina vivía allí, según declaró su nieta y corroboró la policía. El juez confirmó en registros oficiales otra afirmación del chofer: la señora de Noble no vivió en la casa que declaró.

El expediente de adopción de Felipe sostiene que la madre, Carmen Luisa Delta, se lo entregó a la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la jueza concedió la guarda a la viuda de Noble. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. Según Abuelas, el dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron decisivos para determinar la competencia del tribunal. (Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.)

Las irregularidades en las adopciones derivaron en 2002 en la detención de la viuda de Noble, decisión que le costó a Marquevich su destitución en un juicio político impulsado por los abogados de Clarín. Días después de ser liberada, Herrera de Noble emitió su primera y única declaración pública sobre el tema: “Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió, y no escatimó esfuerzos para impedirles corroborarlo.

Bergesio, que reemplazó a Marquevich, durmió la causa durante siete años. A principios de febrero, intimado por la Cámara Federal de San Martín y denunciado por retardo de justicia, ordenó dos medidas: cruzar con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes (obtenidas en allanamientos irregulares, según denunció Abuelas), y extraerles sangre, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron en el Cuerpo Médico Forense. Anzorreguy, Carrió y Piña apelaron ambas decisiones. La Cámara respaldó lo ordenado por Bergesio y remarcó que los jóvenes no habían firmado la apelación. Casación ordenó suspender las medidas y escuchó a las partes en una audiencia pública.

Carrió sostuvo que avanzar con las medidas derivaría en un “gravamen irreparable” para las víctimas, pues “una vez que se determine su origen genético el develamiento (de sus identidades) es irreversible”, y pidió que Casación le ordenara a la Cámara pronunciarse sobre ese tema de fondo. Iud recordó que Abuelas fue admitida como querellante para determinar la identidad de los jóvenes, cuestionó que no habían firmado la apelación y remarcó la “doble representación” de Anzorreguy y Silva (en medio del proceso, por causas desconocidas, las víctimas emitieron poderes a favor de Silva y de Ignacio Padilla, quinto abogado en cuestión).

Casación le dio la razón a Abuelas y no llegó a pronunciarse sobre el tema de fondo. Anzorreguy, Carrió y Piña “no acreditaron en ningún momento tener poder de representación o mandato para recurrir en interés” de quienes dicen representar, explicaron. Tampoco fundaron “las razones de necesidad y urgencia que les han impedido cumplir con las exigencias procesales”, sostuvieron. “No se trata de un mero rigorismo formal. La legitimación para actuar es uno de los puntos centrales en el proceso”, apuntó Yacobucci. Marcaron “la incompatibilidad de intereses entre la imputada y quienes se alega serían víctimas”, le encomendaron a Bergesio esclarecer a quién representan Anzorreguy y Silva, y ordenaron remitir copia del expediente al Colegio Público de Abogados para que evalúe eventuales sanciones. “Si fuera abogado de Noble buscaría el diploma y se lo tiraría a los chanchos”, reflexionó Llonto. “Me daría vergüenza ser recordado como el abogado que presentó escritos sin firma de los apelantes y que además pretende defender a víctimas y apropiadores. Ojalá el juez de turno lleve a fondo la denuncia y el Colegio les saque la matrícula. El lunes puede empezar otra historia”, concluyó.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-143655-2010-04-10.html

Más cerca de la verdad en la causa Noble Herrera

EL ADN SE COMPARARA CON TODO EL BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS

La Cámara Nacional de Casación penal avaló, por unanimidad, la decisión de comparar la sangre de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Felipe y Marcela Noble Herrera, con la totalidad de las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand. Fallo completo

La Sala II Cámara de Casación Penal rechazó por falta de legitimación el último planteo dilatorio formulado por el equipo de abogados que en teoría representa a Marcela y Felipe Noble, adoptados de manera irregular en 1976 por Ernestina Herrera viuda de Noble, dueña de Clarín.

De esta manera, Casación convalidó la resolución de la Cámara Federal de San Martín, que respaldó la orden del juez Conrado Bergesio de entrecruzar las muestras de sangre y ADN de las víctimas con todas las familias que buscan niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres durante la dictadura.

Según la versión de Herrera de Noble, imputada con falta de mérito, en mayo de 1976 encontró una beba adentro de una caja en su casa de San Isidro. La investigación judicial demostró que ni la viuda ni la supuesta vecina que dijo ser testigo vivían allí. El segundo falso testigo, en teoría cuidador de la morada vecina, era chofer de confianza de los Noble. La falacia sobre el domicilio fue determinante para que interviniera la jueza Ofelia Hejt, de probada intervención en una apropiación. La misma magistrada entregó en guarda al varón, sin determinar las circunstancias del nacimiento. La Justicia probó que nunca existió la supuesta madre que en los papeles lo entregó en adopción. Con esas pruebas, el juez Roberto Marquevich ordenó en 2002 la detención de Herrera de Noble, decisión que le costó su destitución en un juicio político impulsado por los abogados de Clarín.

Marquevich fue reemplazado por Bergesio, que durmió la causa durante siete años. Intimado por la Cámara y denunciado por retardo de justicia, en febrero ordenó dos medidas: cruzar con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes (obtenidas en allanamientos plagados de irregularidades, según denunció Abuelas de Plaza de Mayo) y extraerles sangre, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron en el Cuerpo Médico Forense. Ante la apelación de los abogados de Clarín, la Cámara de San Martín respaldó la decisión de Bergesio y destacó un detalle: los jóvenes no firmaron la apelación.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-143613-2010-04-09.html

Para los represores siempre hay cámara lenta

LAS RAZONES DE LAS DEMORAS EN LOS JUICIOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA

Hay ocho juicios en marcha, pero a este ritmo los procesos contra represores terminarán en 2030. Muchas causas se estancan en los tribunales orales, que demoran como promedio un año y medio en iniciar las audiencias. Casación tiene 18 sentencias sin confirmar.

Por Diego Martínez

 

Imagen: Télam, Leandro Teysseire, Rolando Andrade, DyN y EFE.

Los organismos de derechos humanos, el Poder Ejecutivo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas coincidieron la semana pasada en reclamar celeridad a los jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad. La imagen que sugieren ocho juicios en curso y otros tantos confirmados se diluye ante el universo de represores que esperan turno (ya hay 649 procesados, la cifra crece cada semana) y se esfuma cuando se pone la lupa sobre los procesos: instrucciones lentas, demoras de los tribunales orales federales para iniciar los debates, audiencias espaciadas por falta de salas, una veintena de sentencias sin confirmar en la Cámara Nacional de Casación Penal y en la Corte Suprema de Justicia. “Nos encontramos frente a una suerte de sabotaje de algunos miembros de la corporación judicial”, denuncia el Centro de Estudios Legales y Sociales en un adelanto de su informe anual. Agrega que “la cadena de responsabilidades abarca el entramado judicial de todo el país” y apunta un dato alarmante: al ritmo actual habrá juicios a represores hasta 2030.

El análisis del rol del Poder Judicial exige una aclaración previa: los mayores obstáculos para investigar los crímenes de la dictadura son producto de decisiones políticas. La primera, en defensa propia, fue la impunidad planificada por el Estado terrorista. El capitán Antonio Pernías recordó que mil quinientos marinos rotaron por grupos de tareas. “¿Sólo existió el de la ESMA?”, se indignó. Resumió la razón por la que sólo un puñado rinde cuentas como “errores de contrainteligencia”. Se conocen: sacarse la capucha antes de tiempo, confesar entre tinto y tinto un vuelo de la muerte, no verificar que el asesinado haya dejado de respirar, como bien sabe el teniente coronel Martín Rodríguez, identificado por un sobreviviente de Campo de Mayo que logró escapar de un auto fondeado en un arroyo.

La segunda decisión que no deja de rendir frutos la tomó Raúl Ricardo Alfonsín en 1987, cuando le garantizó impunidad a los asesinos. Cientos de represores murieron en los dieciocho años que separan las felices pascuas radicales del fallo de la Corte que declaró inconstitucionales las leyes del olvido. También quedaron en el camino sobrevivientes y familiares de víctimas que hoy serían testigos centrales, en tanto militantes que investigaron en los ’80 y fueron reemplazados por jóvenes que debieron empezar de cero.

Una explicación rigurosa exigiría desarrollar desde temas procesales hasta historias de magistrados con nula vocación por investigar el genocidio, especie de la que Alfredo Bisordi es emblema (saltó sin escalas de la Cámara de Casación a la defensa de Luis Patti) aunque no un caso aislado. Sólo un organismo estatal y una ONG estudian el problema con sistematicidad: la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas sobre terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación (PGN), y el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS.

Un problema de fondo que persiste es la negativa de algunos jueces a instruir las causas en base a los vínculos ostensibles entre casos (una sucesión de secuestros, cautiverios en un mismo centro de detención) y no como si fueran delitos aislados. Por consejo de la PGN varios magistrados aplicaron criterios de acumulación, que derivaron o derivarán en juicios con un buen número de imputados y de casos. Otros se resisten, con la complicidad de las cámaras que los controlan. El caso más grave se da en Mendoza, donde Walter Bento fragmentó la instrucción al máximo. La Cámara cuyana es demasiado turbia como para interesarse en agilizarla. La Unidad Fiscal reclamó a la Corte, por ahora sin suerte, que utilice sus facultades de superintendencia para hacer cumplir la celeridad que propuso en su última acordada de 2008.

Idéntica resistencia opuso Cristina Garzón de Lascano en Córdoba, donde aún no existe una megacausa La Perla, con un agravante para la ahora ex jueza: la propia Cámara le recomendó seguir el criterio de los fiscales. En Paso de los Libres fue al revés: un juez acumuló y la Cámara de Corrientes dio marcha atrás, con excusas de antología: “No basta que los hechos guarden similitud”, la instrucción atomizada beneficia “el ejercicio de defensa y la averiguación de la verdad real” (sic).

Los tiempos de algunos jueces son eternos. Siete años le llevó al platense Manuel Blanco detener al primer grupo de represores de La Cacha. Avanzó cuando vio peligrar su competencia. Similar eficacia demuestran Arnaldo Corazza, responsable de varias causas del circuito Camps, y el jujeño Carlos Olivera Pastor, quien alegó no ordenar capturas por falta de plazas para alojar represores. Desde que le garantizaron las celdas dilata llamados a indagatoria y se niega a acumular expedientes. Algunas cámaras no se quedan atrás. En la de Rosario hiberna desde hace un año la causa “Hoffer”, que el nicoleño Carlos Villafuerte Russo tardó un año y medio en elevar. En Trelew tardaron diez meses para traducir las pruebas contra el marino Roberto Bravo, imputado por la Masacre de Trelew.

Cuando al fin llega la etapa de juicio oral comienzan las excusaciones y recusaciones, el calvario para conformar los tribunales y encontrar salas adecuadas. Según el informe del CELS, la demora promedio desde que los tribunales reciben la causa hasta que inician el debate (nadie les fija plazos) es de un año y medio. Los defensores usan el estancamiento para reclamar excarcelaciones. Casación acaba de intimar al TOF de Mar del Plata a que juzgue al torturador Gregorio Molina. El tribunal recibió el caso hace treinta y cuatro meses. La primera causa que llegaría a juicio en Santiago del Estero estuvo “traspapelada” más de un año en Casación. Ahora no logran formar el tribunal. La mejor excusa la aportó el catamarqueño Antonio Rodríguez Seín: se niega a trabajar en otra provincia. El inicio del juicio a los penitenciarios de la Unidad 9 se postergó tres veces por problemas internos del tribunal que preside Carlos Rozansky. De los cientos de asesinos de Ramón Camps sólo fueron juzgados Miguel Etchecolatz y el cura (siempre activo) Cristian Von Wernich.

El problema de las salas en Buenos Aires comenzó hace un año, cuando se reasignaron las causas acumuladas en el TOF5. El tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demostró que con voluntad se puede impartir justicia en un gimnasio. Los colegas de Comodoro Py se resisten a mover el bote. La lectura de la acusación a Acosta, Astiz & Cía., con dos audiencias semanales como promedio, algunas de tres horas, demoró noventa días porque tres tribunales comparten la sala. Ahora se está adecuando otra para el juicio de Vesubio. Desde junio será compartida con el de Automotores Orletti. Los procesos de la ESMA y Primer Cuerpo tienen más de trescientos testigos cada uno. A 2,5 audiencias por semana, es probable que más de un marino escuche la sentencia desde el más allá.

Cuando los juicios comienzan, la pachorra se torna más visible. Cada tribunal decide sin rendir cuentas a nadie la periodicidad y duración de las audiencias. La Corte supo reclamar celeridad pero no se decide a aplicar sus facultades para despabilar a quienes no acusan recibo. En Salta intentaron recusar al presidente del TOF por ordenar cuartos intermedios de una semana. En el TOF5 supo ser regla arrancar con una hora de demora y parar noventa minutos para almorzar, mientras familiares de desaparecidos comparten con camaradas de torturadores los acogedores pasillos de Comodoro Py.

También son eternos los tiempos de Casación y de la Corte Suprema de Justicia para confirmar las sentencias. Hasta hoy sólo tienen condena firme Miguel Etchecolatz y Julio Simón, juzgados en 2006. Si se cumple el pronóstico del médico que sugirió apartar a Antonio Bussi del juicio por Jefatura de Policía, pronto los supremos deberán sobreseer por muerte al asesino tucumano. Casación fue un rayo para frenar la investigación sobre las adopciones irregulares de Ernestina Herrera de Noble pero sólo confirmó cinco de veintitrés veredictos por delitos de lesa humanidad. La demora garantiza que no se revean las libertades otorgadas luego de condenas simbólicas como las de los ex jefes de Mansión Seré o la de Jorge Olivera Róvere, ex dueño de vidas y muertes de la ciudad, quien aún camina por la avenida Callao con una perpetua a cuestas.

La Presidenta destacó el 24 de marzo la necesidad de “dar vuelta la página de la historia con verdad y justicia”. Madres y Abuelas que ponen cuerpo y alma desde hace décadas asintieron con la cabeza. Deberán armarse de paciencia. Según los registros del CELS, los 75 imputados que escucharon su sentencia representan el seis por ciento de los 1216 que deberían ser juzgados si no mueren a tiempo. Hay casi setenta causas elevadas que esperan turno en tribunales orales, doscientas treinta en instrucción, 41 prófugos que no aparecen, miles de civiles que integraron las filas de Inteligencia del Estado terrorista y todavía no fueron investigados, y un carromato judicial que se resiste a poner segunda.

dmartinez@pagina12.com.ar

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